La suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 obligó al Ejecutivo a expedir una nueva regulación transitoria, introduciendo un escenario que las empresas deben monitorear de cerca. El ajuste normativo incide en cálculos de nómina, aportes a seguridad social, prestaciones y múltiples obligaciones indexadas al mínimo, generando efectos inmediatos en planeación financiera y presupuestal. En este contexto, el nuevo decreto redefine temporalmente las bases laborales mientras avanza el control judicial.