Como parte de las medidas extraordinarias adoptadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno nacional promulgó el Decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas. La disposición aplica a contribuyentes con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, incorpora tarifas diferenciadas, delimita los elementos de la base gravable y regula las condiciones de cumplimiento de la obligación tributaria. El decreto busca fortalecer la capacidad fiscal del Estado para atender los compromisos presupuestales derivados de la situación excepcional.