La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país, formalizada en el Decreto 0150 de 2026, introduce un marco normativo excepcional que puede traducirse en medidas de impacto inmediato. La decisión se origina en un fenómeno hidrometeorológico atípico que dejó miles de familias damnificadas y severas afectaciones territoriales. Desde la perspectiva empresarial y de cumplimiento, la coyuntura exige seguimiento a los decretos legislativos que se expidan, evaluación de posibles ajustes presupuestales, tributarios o contractuales, y análisis preventivo de riesgos derivados de cambios regulatorios extraordinarios.