La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SP1863-2025, ratificó la responsabilidad penal de la representante legal de una sociedad por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. La condena se originó en el incumplimiento de la obligación de consignar oportunamente las retenciones de IVA practicadas, lo que derivó en una pena de prisión y multa económica, evidenciando que el no trasladar a la administración tributaria los valores retenidos constituye un delito contra la administración pública.