El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026, al considerar que existen dudas sobre la debida sustentación técnica del incremento. La decisión, adoptada en el marco de una medida cautelar, no constituye un fallo definitivo, pero vuelve a encender el debate sobre los criterios económicos y legales utilizados en la determinación del ajuste salarial. El pronunciamiento genera un nuevo escenario de análisis para empleadores, trabajadores y actores del mercado laboral, mientras avanza el proceso de fondo.