El Banco enfatizó la necesidad de avanzar en una reforma fiscal integral, reducción del gasto inflexible y una mejor definición de competencias entre Nación y territorios, con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Comentario del Gerente General del Banco de la República al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026
El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 alcanza $556,9 billones, lo que supone un aumento del 5,9 % ($31,1 billones) frente a la apropiación vigente para 2025. Del monto total, el gasto primario contemplado en el presupuesto es de $454,5 billones, de los cuales $365,8 billones se destinan a funcionamiento y $88,5 billones a inversión. Por su parte, el servicio de la deuda representa $102,5 billones1.
Para financiar las apropiaciones de gasto, el proyecto contempla ingresos por $530,7 billones, de los cuales $317,5 billones provendrán de ingresos corrientes y el resto de recursos de capital, fondos especiales y rentas parafiscales. Frente al monto total de los gastos, surge una diferencia de $26,3 billones, que corresponde a nuevas rentas que se generarían tras la aprobación, por parte del Congreso, de un proyecto de Ley de Financiamiento cuya presentación está prevista para los próximos meses. Dentro de las rentas corrientes, los ingresos tributarios administrados por el Gobierno Nacional se estiman en $301,7 billones2, lo que representa un incremento nominal del 7,2 % respecto a los ingresos por impuestos estimados para 20253.
El Proyecto de Presupuesto responde a las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual contempla la activación de la cláusula de escape prevista para la regla fiscal, lo cual se traducirá en déficit más elevados y mayores niveles de deuda entre los años 2025 y 2027. Para recuperar en 2028 las metas cuantitativas de déficit primario estructural derivadas de la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Inversión Social de 2021, el Gobierno considera necesario adoptar un pacto fiscal que permita incrementar los ingresos tributarios y disminuir el gasto inflexible proveniente de algunas partidas contempladas previamente en diferentes leyes. En consecuencia, la programación del PGN de 2026 debería marcar el inicio de una senda de ajuste fiscal que asegure, en el mediano plazo, la sostenibilidad de la deuda pública, la cual, desde la crisis sanitaria de 2020, se mantiene en niveles muy elevados.
De acuerdo con el Plan Financiero que acompaña el proyecto de ley, se estima que el déficit total del Gobierno Nacional Central en 2026 se ubique en 6,2 % del PIB, con un desbalance primario de 2,0 % del PIB, lo que llevaría la deuda neta a un nivel equivalente al 63,0 % del PIB4. Estas proyecciones se construyeron con base en una tasa de crecimiento económico del 3,0 %, un precio promedio del petróleo de US$62,3 por barril y una tasa de inflación anual del 3,2 %, en línea con las expectativas del equipo técnico del Banco de la República. No obstante, vale la pena destacar que, si bien el proyecto de PGN mantiene el déficit total en el mismo nivel previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, el gasto primario es superior en cerca de $18,1 billones respecto al presentado en dicho marco, lo que implica un aumento en las pretensiones de gasto del Gobierno. Este aumento en el gasto primario sería posible gracias a que el gobierno incorpora un recaudo adicional por la reforma tributaria, frente a lo que tenía previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a que se proyectan menores gastos por intereses de la deuda. De hecho, los pagos de intereses relacionados con el GNC (plan financiero) se reducen en $10 billones frente a lo previsto unas semanas atrás en el MFMP5.
Es importante recordar que varias de las partidas de gasto incluidas en el proyecto obedecen a mandatos constitucionales y legales que condicionan el ejercicio de programación del presupuesto. Entre estas partidas se destacan el Sistema General de Participaciones (SGP), las obligaciones pensionales, los compromisos por vigencias futuras y las apropiaciones derivadas de rentas con destinación específica. Todo ello determina un componente inercial de gasto que limita la capacidad de reasignación de los recursos del Estado y condiciona la implementación de las medidas de ajuste fiscal y de nuevas prioridades del Gobierno.
El creciente desajuste estructural de las finanzas públicas por el aumento de los componentes inflexibles del gasto al igual que la sobreestimación de recaudos, especialmente de aquellos obtenidos a través de la gestión de la DIAN, hacen necesaria un examen riguroso de la evolución reciente y de las perspectivas de las operaciones de ingreso y de gasto del gobierno. No realizar los ajustes en el momento oportuno, representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del País.
Cabe recordar que el Acto Legislativo sobre transferencias territoriales, aprobado a finales de 2024, establece un incremento de los recursos asignados al Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales deberán ascender gradualmente, a partir de 2027, hasta alcanzar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Ello impone un desafío mayor a las finanzas públicas nacionales, no solo por el aumento de los recursos transferidos a favor de los territorios, sino porque todo esfuerzo tributario realizado por el gobierno nacional para estabilizar sus finanzas, genera, de manera simultánea, un aumento adicional del SGP, con lo cual se reduce la eficacia de este tipo de medidas. En este contexto, adquiere especial relevancia la discusión de un proyecto de Ley de Competencias que garantice una correspondencia entre los recursos transferidos a los entes territoriales y las funciones efectivamente asignadas. Dicha Ley de Competencias debería permitir una reducción en las responsabilidades del gobierno central para reducir el gasto correspondiente y compensar de esa manera las mayores transferencias previstas para no profundizar el desajuste estructural de las finanzas públicas y los riesgos que este conlleva.
La materialización de los supuestos que sustentan el proyecto de PGN y la aprobación de la Ley de financiamiento serán determinantes para alcanzar la meta de déficit en 2026. No obstante, existen inquietudes importantes por el cambio en el programa de gasto primario previsto en la ley de presupuesto con respecto a lo planteado previamente en el MFMP tales como las expresadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el cual señala riesgos para la credibilidad institucional y la sostenibilidad fiscal del País. El CARF advirtió sobre la ausencia de mecanismos de ajuste claros y el posible impacto negativo sobre el cumplimiento de las metas fiscales y el proceso de consolidación de las finanzas públicas.
El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 pone de manifiesto los desafíos estructurales que enfrenta el país para asegurar la sostenibilidad fiscal y la gobernanza presupuestal. Si bien se valoran los esfuerzos realizados en materia de impuestos durante los últimos años, hay factores de inestabilidad fiscal derivados de la rigidez del gasto. Por esta razón, es necesario avanzar en una reforma fiscal integral y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inflexible o inercial del gobierno, al igual que en la definición precisa de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno para evitar duplicidad de funciones. Iniciativas como la Ley de Financiamiento, la Ley de Competencias y la reducción del gasto inflexible, son complementos necesarios del Presupuesto General de la Nación que permitirán cerrar brechas fiscales, mejorar la asignación de recursos entre los diferentes niveles de gobierno y contribuir a la estabilidad de las finanzas nacionales en el mediano plazo.
1 El componente de funcionamiento incluye transferencias por $275,5 bll, de los cuales $88,3 bll corresponden al Sistema General de Participaciones, $87,4 bll a pensiones y $51,3 bll a recursos para el aseguramiento en salud. Para gastos de personal se proyectan $ 66,8 bll y para adquisición de bienes y servicios $18,9 bll. Para atender los compromisos de deuda externa e interna se apropian $39.4 bll y $63,0 bll, respectivamente. La apropiación de la deuda en 2026 ascendería a $102,4 billones, lo que representa una disminución de cerca de $10 billones frente a 2025. Esta reducción obedece principalmente al menor monto destinado a amortizaciones, cuya apropiación para 2026 sería de $27,6 billones, inferior a los $50,7 billones observados en 2025.
2 Por concepto del impuesto de renta, se proyectan recaudos por $147,8 billones y, por IVA interno, $77,1 billones. Los recursos de capital incluyen crédito interno por $85,2 billones y crédito externo por $57,7 billones. Adicionalmente, dentro de la financiación del presupuesto se contabilizan excedentes financieros y dividendos por $20,4 billones, de los cuales $5,1 billones provendrán de Ecopetrol y $12,1 billones del Banco de la República.
3 Al comparar la previsión de ingresos tributarios de 2026 igual a $301,7 bll, con respecto al aforo de 2025 ($307,2 bll), se espera un decrecimiento nominal de 1,8%.
4 Según estas proyecciones, el balance primario sería más deficitario que lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, donde se preveía un déficit primario equivalente al 1,4% del PIB.
5 Se destaca, en cualquier caso, un incremento de 19.1% en las apropiaciones para intereses respecto a las de 2025, estas alcanzarían $70,7 billones.